Contraloría “descarta cualquier tipo de irregularidades” tras denuncia de Dorothy Pérez
La Contraloría General de la República respondió a las denuncias de la subcontralora donde señala delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación que habrían cometido la cúpula de dicha entidad fiscalizadora en favor de la abogada Doris Moraga Roa.
La Contraloría General de la República descartó este domingo “cualquier tipo de irregularidades”, tras la denuncia realizada por la subcontralora Dorothy Pérez el pasado 26 de abril donde señala delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación que se habrían cometido en la cúpula de dicha entidad fiscalizadora.
En el reportaje de La Tercera publicado este domingo se revelan las denuncias hechas por la subcontralora “en contra de quienes resulten responsables”, pero que apuntan directamente al contralor Jorge Bermúdez y a los miembros de sus círculo de confianza, de haber cometido irregularidades con el fin de favorecer a la abogada Doris Moraga Roa.
En el texto presentado por la subcontraloría al Ministerio Público, se detalla la forma en que la Contraloría habría modificado, de manera irregular, las sanciones aplicadas en el informe final de la auditoria que la entidad fiscalizadora hizo en 2017 al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), donde se había detectado pagos abultados de asignaciones especiales en las remuneraciones de 300 funcionarios, entre ellos la abogada Doris Roa, que en ese entonces era jefa jurídica de Sernageomin.
Ante este hecho, la Contraloría General de la República “descarta cualquier tipo de irregularidades como el que insinúa en el reportaje, respecto de la elaboración de los pre-informes y el informe final de auditoría”.
De acuerdo a lo que señala el reportaje, el 7 de agosto de 2017, la Contraloría Regional Metropolitana emitió el preinforme de observaciones en la que se señalaba que Doris Roa, estaba recibiendo una asignación especial con un porcentaje de 83,19%, superior al máximo de 75% que permite la normativa.
Posteriormente, en un informe final de la Contraloría se ordena reintegrar los más de $322 millones pagados en forma indebida.
Finalmente la Contraloría señala que la entidad y todos sus funcionarios “aportarán, como es de costumbre, todos los antecedentes y brindarán toda la colaboración que sea requerida por el Ministerio Público”.
