JDC Valparaíso emplaza a diputados a aprobar acusación constitucional a Piñera
A través de una declaración pública la juventud demócrata cristiana regional apela a los informes de Amnistía Internacional y al de Human Right Watch.
Con fuerza y convicción la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) de la región de Valparaíso condenó la violación a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre en Chile y valoró los informes de Human Right Watch, y el informe emitido por Amnistía Internacional. La carta es categórica al señalar que “el Estado no ha sido capaz de evitar ni de sancionar como corresponde, los hechos en que sus propios agentes se han visto involucrados…y que según el artículo 24 de la Constitución chilena, el Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado, en este caso el Presidente Piñera. La juventud pide respaldar la acusación constitucional contra el Presidente pues “existen actos de su administración que han comprometido gravemente el honor o seguridad de la Nación y que infringen la Constitución y las leyes”.
Los jóvenes militantes declararon ver con estupor la impunidad con la que han actuado los agentes del Estado que han dejado a 232 personas con heridas oculares, siendo casos lamentablemente emblemáticos el de Gustavo Gatica y el de Fabiola Campillay. Los heridos tras las manifestaciones se empinan sobre los 2.800, una cifra alarmante y demoledora que refuerza la necesidad de juzgar a la máxima autoridad nacional.
En el plano internacional, la JDC entiende además que debido a la falta de soluciones políticas para salir de la crisis actual, el gobierno tuvo que cancelar la COP 25 y la APEC dañando gravemente el honor del país.
Así también, existen actos de su administración que han infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Sobre este punto señalan que el artículo 5° de la Constitución el cual dispone que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Los cuales según los informes de HRW y Amnistía Internacional han sido vulnerados en reiteradas ocasiones.
