CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones. 

En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en Chile, la CIDH ha recibido diversa información que señalaba, entre otros, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. En respuesta a estos graves hechos, la CIDH decidió instalar una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile. 

La CIDH advierte que en declaración pública del 17 de noviembre de 2019, el Presidente de la República señaló que en el contexto de las protestas sociales se vulneraron derechos humanos y hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos.

De acuerdo con información recibida por la CIDH, desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros. Según información del Ministerio de Salud, los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones. Asimismo, de acuerdo con el Colegio Médico la cifra de personas con traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de Carabineros asciende a al menos 283, en algunos casos con la pérdida total de la visión en dos ojos. Asimismo, desde el inicio de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones, al menos 950 personas en prisión preventiva. En este periodo de tiempo, la Fiscalía Nacional ha avanzado en la investigación de 2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes y 44 a casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado. La CIDH insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía.

Al respecto, la CIDH expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos registrados por distintos organismos internacionales así como por los propios órganos del Estado. Asimismo, expresa su preocupación por las características de dichas vulneraciones, que apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales. La CIDH saluda el compromiso anunciado por el Presidente de la República para que estos casos sean debidamente investigados, juzgados y sancionados, así como asistir a las víctimas en su recuperación.  

En este sentido, la CIDH ha recibido información sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes por parte de Carabineros de Chile. Al respecto, la CIDH observa que tanto el INDH y la Defensoría de la Niñez en sus respectivos informes han informado sobre un uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas que protestaban pacíficamente y que supondrían un grave incumplimiento a los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, así como de la Circular de Carabineros No. 1.832 sobre uso de la fuerza. En particular, dichos órganos han señalado haber registrado, entre otros, disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes, disparos de lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes, falta de gradualidad en el uso de la fuerza sin previo aviso, la utilización de sustancias lacrimógenas en presencia de personas adultas mayores, NNA, mujeres embarazadas, así como personas heridas de gravedad por gas pimienta, perdigones, granadas de gases, y carabinas lanza gases. La CIDH toma nota de que en las fechas 10 y 17 de noviembre, el Ministerio de Interior ha enviado oficios a Carabineros en relación al uso de perdigones para el cumplimiento de los Protocolos.

Asimismo, la SACROI ha recibido diversa información que señala un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones sin distinguir entre quienes participaban de las manifestaciones y quienes no, habiéndose incluso registrado lesiones a personal de observación del INDH, defensores y observadores de derechos humanos, así como de personal que ejercían labores de auxilio y asistencia médica que portaban su vestimenta distintiva. El Estado de Chile informó que en dicha situación el personal estaría en contravención a las disposiciones normativas sobre la actuación de observadores de derechos humanos. Al respecto, la CIDH expresa su preocupación por la información recibida conforme a la cual un manifestante con una afección cardíaca habría muerto al no recibir atención de emergencia adecuada debido al actuar de carabineros durante dicha manifestación que afectó la debida actuación de los profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La CIDH toma de que los Carabineros abrieron un sumario para esclarecer dicho hecho.

La CIDH advierte que, de acuerdo con la información recibida, en la población de Lo Hermida, en Peñalolén, 561 participantes de protestas alegan haber sido reprimidos con violencia por los Carabineros, entre ellos una mujer embarazada. Han denunciado allanamiento y destrucción de 12 casas; atropello a un hombre y un adolescente por sus motocicletas; además utilización de manera indiscriminada bombas de gas lacrimógeno a hogares, puntos de atención de primeros auxilios e inmediaciones de una escuela y guardería. Asimismo, la CIDH fue informada acerca de detenciones ilegales, obstrucción a la justicia, además de golpizas a personas detenidas al interior de la comisaría de Carabineros ubicada en Lo Hermida. La CIDH advierte que la Fiscalía Nacional formalizará a dos carabineros por presuntos delitos de apremios ilegítimos en Lo Hermida.

La Comisión expresa su extrema preocupación por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares en el contexto de las protestas sociales como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas utilizados en la dispersión de protestas por Carabineros de Chile. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, al 18 de noviembre de 2019 la cifra de personas atendidas por los servicios de urgencias del país por traumas oculares asciende a 194, de los cuales un 77% es debido al impacto de perdigones y un 9% al impacto de bombas lacrimógenas. En al menos 17 de estos casos se observa la pérdida total de la visión en un ojo y hay actualmente 36 casos en los cuales existe riesgo de pérdida. La CIDH advierte que, de acuerdo con información del Colegio Médico de Chile, al 17 de noviembre de 2019 la cifra de personas atendidas con trauma ocular desde el 19 de octubre de 2019 sería sustantivamente superior al informado por el Ministerio de Salud, ascendiendo a 283 casos. La CIDH lamenta que el 26 de noviembre se dio a conocer la pérdida total de visión de los dos ojos de Gustavo Gatica, joven estudiante de 21 años de edad y quien recibió impactos de perdigones en ambos ojos durante una manifestación el pasado 8 de noviembre.

Al respecto, la CIDH observa que los días 23 y 24 de octubre, el Colegio Médico informó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados sobre la alarmante cifra de traumas oculares en el contexto de las protestas sociales. Asimismo, la CIDH nota que los representantes del Colegio Médico denunciaron ante dichas Comisiones diversas situaciones de vulneraciones a los derechos humanos de parte de las policías y las Fuerzas Armadas en el marco del Estado de Excepción, entre otros, torturas, tratos crueles, agresiones, disparos con balines de goma y abusos sexuales parte de los agentes del Estado, registrados a través de las atenciones en los diferentes centros asistenciales del país. Por su parte, el 4 de noviembre, la Sociedad Chilena de Oftalmología reiteró esta preocupación a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el 15 de noviembre envió una carta al Ministro del Interior dando cuenta de la elevada cifra de personas con trauma ocular severo. 

En relación con las detenciones en el contexto de la protesta social, la CIDH expresa su alerta por la elevada cifra de detenciones desde el 18 de octubre de 2019. De acuerdo con la información recibida, desde el inicio de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones, que derivaron en audiencias de control de detención, y al menos 950 personas están en prisión preventiva. En relación con las detenciones, la CIDH destaca que conforme la información recibida, esta cifra podría ser aún mayor debido a la incertidumbre del número real de detenidos e ingresados a comisarías, en relación con personas puestas en libertad por exclusiva decisión policial sin informar al Ministerio Público. Asimismo, la CIDH fue informada sobre el aumento en la declaración de detenciones ilegales en audiencias de control de detención, siendo que la Defensoría Penal Pública en un 26%,3 de los casos alegó la ilegalidad de la detención, siendo declaradas ilegales 6,2% de los casos. 

La CIDH expresa su grave preocupación por la información recibida que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. A este respecto, las Comisión expresa su alarma por la información publicada por las instituciones nacionales de derechos humanos que señala prácticas por parte de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescente, entre otros. 

La Comisión expresa su alarma por el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones. Conforme la información recibida, se habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual. La SACROI recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos a niños, niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría. Asimismo, la CIDH conoció el caso de un estudiante homosexual, quien habría sido abusado sexualmente en el contexto de su detención por parte de Carabineros, además de insultado y denigrado con motivo de su orientación sexual. La CIDH nota que este caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional. 

La CIDH llama a que las autoridades ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Al respecto, la CIDH recuerda que la actuación de Carabineros de Chile en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

La CIDH toma nota de que actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y robustece la probidad y la transparencia en las Fuerzas del Orden y Seguridad. La CIDH destaca la importancia de dar urgencia a dicha discusión e incorporar a la misma la reforma institucional de Carabineros de Chile según lo señalado anteriormente. Asimismo, la CIDH nota la declaración hecha por el Presidente de la República el 24 de noviembre conforme se presentará un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas tengan mandato de controlar infraestructura pública sin tener que decretar el estado de emergencia. En este contexto, la CIDH recuerda que de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. Sin embargo, cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ésta debe de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.

En relación con las investigaciones llevadas a cabo por presuntas violaciones a los derechos humanos, la Comisión observa que, de acuerdo con información de la Fiscalía Nacional, Defensoría Penal Pública, entre otras instituciones, desde el inicio de las protestas se han llevado a cabo un elevado número de querellas en contra de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado por presuntas violaciones a los derechos humanos.  

En particular, la CIDH ha recibido información señalando que el INDH desde el inicio de las protestas sociales ha presentado 332 querellas en contra de Carabineros, 39 en contra de militares y 6 en contra de Policía de Investigaciones (PDI). De estas querellas, la mayoría hacen referencia hechos de tortura y tratos crueles, así como torturas con violencia sexual. Estas cifras duplican el total de querellas presentadas por dicha institución en contra de Carabineros en 9 años, desde la creación de este organismo autónomo. 

Por su parte, de acuerdo con información publicada por la Fiscalía Nacional, entre el 18 de octubre al 25 de noviembre de 2019, se están llevando a cabo investigaciones de 2.670 por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes y 5 personas del colectivo LGBTI y 44 a casos de torturas. De las investigaciones en este periodo, 90 son por desnudamientos forzados, 26 por violación o abuso sexual y 8 por amenazas de agresión sexual. En relación con la institución denunciada en dichas investigaciones, la Fiscalía informó que 2.052 víctimas denunciaron a Carabineros de Chile, 183 al Ejército y 50 a la PDI. Al respecto, la CIDH observa que conforme a esta información, al menos 203 agentes del Estado han sido individualizados en las investigaciones. Asimismo, la CIDH observa que la Fiscalía está avanzando la investigación de al menos 5 personas fallecidas por acción de agentes del Estado, la mayoría por acciones de las Fuerzas Armadas en el contexto del estado de excepción constitucional. 

A este respecto, en materia de investigación, protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión toma nota de la sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos presente en el Estado de Chile, que está permitiendo que las distintas denuncias de violación a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, estén en proceso de investigación y sanción por las instituciones de justicia. En ese sentido, la CIDH nota la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, que han recibido y registrado las distintas denuncias de violación de derechos humanos en el país. La CIDH también destaca la actuación independiente de las instituciones de justicia en la investigación y procesamiento de las denuncias de violación de derechos humanos registradas en el marco de los procesos de contención de las protestas. En este sentido, la Comisión destaca la actuación de la Fiscalía, de la Defensa Penal Pública, y de los juzgados y tribunales de justicia, en la investigación y sanción de presuntas vulneraciones a los derechos humanos. 

La CIDH destaca la importancia de asegurar que la Fiscalía Nacional cuente con un refuerzo especial para la investigación de los hechos sucedidos en el contexto de las protestas sociales, de manera que se puedan determinar con celeridad las denuncias de violación a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión subraya la importancia de fortalecer en este contexto los órganos autónomos y las instituciones del Estado con mandato en la investigación, protección y promoción de los derechos humanos, entre otros, el INDH y la Defensoría de la Niñez, así como la Defensoría Penal Pública.

La Comisión saluda el esfuerzo del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de articulación interinstitucional para dar una respuesta articulada y efectiva frente la situación que enfrenta el país. Al respecto, la CIDH celebra que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a sesiones extraordinarias de la Comisión Coordinadora de Justicia Penal para revisar el funcionamiento de los distintos órganos de justicia del Estado en el contexto de las protestas sociales y que resultó en la creación de una mesa de trabajo para estudiar registros de personas detenidas y el acceso a la defensa. 

La CIDH reprueba que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos. Al respecto, la CIDH recibió información sobre ataques a espacios de culto católico, evangélico y judío. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia. A ese respeto, la Comisión reitera el rechazo a toda forma de violencia y hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dichos contextos, así como juzgar y sancionar los responsables. 

Finalmente, la CIDH urge a la sociedad chilena a entablar un dialogo efectivo y inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los Derechos Humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho. En ese sentido, la Comisión saluda a los esfuerzos de convocarse a una nueva Constitución.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.