Sábado, Noviembre 23, 2024
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Luksic es derrotado en la Corte Suprema: se ratifica la existencia del Multirut en empresa de su propiedad

Después de un año y 10 meses de haber interpuesto la demanda, la Corte Suprema termina por ratificar la existencia del Multirut en el FCAB, poniendo al desnudo este mecanismo anti obrero, popularizado en Dictadura, con que operaba Luksic en uno de sus centros estratégicos dentro de la capital minera.

El Multirut es un mecanismo por el cual los empresarios dividen sus áreas de trabajo en firmas distintas o crean “empresas de fantasía” que funcionan como “asociadas” a la compañía principal, pero que operan bajo una misma dirección laboral y que es usado por los capitalistas para dividir y atomizar la fuerza de los trabajadores; así mismo es una modelo gerencial pensado para esconder ganancias y pagar menos impuestos.

Y es que finalmente el pasado 13 de enero se hizo efectiva la sentencia de la Corte Suprema, en la cual se rechaza los recursos de unificación presentados por el staff de abogados del grupo Luksic, ratificando una vez más el anterior fallo del tribunal laboral de Antofagasta en que se condena la práctica de Multirut en FCAB y se acoge la demanda iniciada por el Sindicato Interempresa el 16 de febrero del 2018, en que basándose en la abundante prueba (con contratos, videos, fotografías, documentos de políticas internas y hasta una aplicación celular) se logra determinar cómo FCAB, junto a sus “empresas de fantasía” FCAB Shippers, FCAB Train y FCAB Ingyser conforman una dirección laboral común dentro del Ferrocarril Antofagasta Bolivia, algo que para los ferroviarios era una realidad del día a día, a pesar de los maniobras y pretensiones de la gerencia por tapar el sol con un dedo.

Durante todo el juicio la empresa negó la existencia de esta situación. Sus testigos (como Claudia Tamblay y Pilar Marambio) negaban que gerentes de FCAB tuvieran voz de dirección en las empresas, pero no podían explicar cómo éstos firmaban los contratos, finiquitos y documentos en representación de una u otra empresa. Esta es una de la causas del porque en el transcurso de la demanda FCAB desmanteló una de sus empresas, FCAB Shippers, cuna del sindicato que presentó la demanda, para lo cual se valió de subcontratar los servicios y nuevamente despedir a sus trabajadores.

Esta Demanda tiene su origen, en las denuncias realizadas por el Sindicato Interempresa de FCAB contra los abusos cometidos por la gerencia, desde la diferencia de salarios, tratos y beneficios en los diferentes “rut´s”, hasta la lucha contra los despidos por supuesta “necesidades de la empresa” y la pelea por la reincorporación de los ferroviarios despedidos de Shippers, a otra área de la compañía.

La familia Luksic es el principal grupo empresarial del país, con Iris Fontoba a la cabeza, matriarca del clan, el cual con 13.700 millones de dólares duplica la fortuna del magnate Donald Trump, pase a ser parte de una de las familias más ricas del planeta.

Muchas de sus empresas fueron obtenidas en la Dictadura, como lo es el FCAB y gran parte de su fortuna se debe a mecanismos como el subcontrato y el Multirut, que no son más que herramientas hechas para la precarización del trabajo, la atomización de los trabajadores, siguiendo la lógica sindical del Plan Laboral del 78, a la vez que mecanismos útiles para la elusión tributaria y el consiguiente ocultamiento de las ganancias.

Los Luksic, están íntimamente ligados a la casta de políticos empresariales, con las que actuado desde la Dictadura hasta hoy en día; parte de sus empleados han terminado en puestos estratégicos de la política nacional y regional, como el ex intendente de Piñera, Marco A. Diaz, antes gerente de recursos humanos en Zaldívar, o la misma Aurora Wiliams, ex gerente de ATI, y Ministra de Minería de Bachelet, como parte de sus personajes más visibles; La familia Luskic es uno de los principales grupos controladores de la economía, dueños de navieras como Sudamericana de Vapores, controlando puertos estratégicos como el de Antofagasta y San Antonio, la containera Hapag Lloyd, CCU, Canal 13, Banco de Chile, Enex y su brazo Minero AMSA, donde está inserto el FCAB como uno de sus principales resortes económicos, prestando servicios de transporte y logística a toda la industria minera de la región de Antofagasta, la cual concentra el 51% de la exportación de cobre nacional.

El Multirut en las posiciones estratégicas tiene un fin político contra los trabajadores.

El FCAB así transporta 6,1 millones de toneladas anuales a través de los trenes y camiones alimentando las principales mineras como lo es Escondida, Spence, El Abra, Zaldívar, Codelco, San Cristóbal, Sierra Gorda, Alto Norte, Antucoya, Rockwood Litio o incluso INACAL, constituyendo así una posición estratégica para el funcionamiento del circuito minero, tanto para los procesos de lixiviación del Cobre a través de la transferencia de ácidos, hasta el transporte del mineral hasta su embarque; la paralización del Ferrocarril terminaría afectando los intereses de todas las grandes patronales mineras, transnacionales y nacionales.

Es por esto, que el Multirut en FCAB no solo es parte de un modelo de gestión empresarial pensando para el enriquecimiento patronal, y buscar mecanismos de elusión tributaria, también es una herramienta de control, para mantener la división sindical y reducir la capacidad de acción de los trabajadores. No es casualidad que este mismo mecanismo junto al mencionado subcontrato sea utilizado en la gran minería o en los Puertos, para limitar la organización de los trabajadores y garantizar el “orden social” de los empresarios. Para este propósito el empresariado no solo se vale de todo mecanismos y maniobras que permite la ley a los empresarios, también echan mano a un aliado indispensable, la burocracia sindical, que crear intereses particulares, operando contra los mismos trabajadores, privilegiándose del mismo Multirut o el subcontrato, transformando los sindicatos en “negocios personales”, una verdadera policía que vigila y confabula con la empresa, contra los activistas y trabajadores que buscan organizarse para detener el abuso empresarial.

Fuente: La Izquierda Diario.

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