Informalidad laboral y pandemia: Lo barato cuesta caro
Por Diego Varas Villalón
Lo que se pensó como un ahorro en capital humano a través del otorgamiento de trabajos informales y precarización fue simplemente una prórroga de pago: llegó la hora del cobro.
La OIT define como trabajadores informales a “todos aquellos, sin distinción a que actividad o unidad económica pertenezcan, que –por ley o práctica– no estén cubiertas o suficientemente cubiertas por acuerdos formales” (CIT, 2002). En este sentido, es un concepto amplio o válvula que involucra a trabajadores que pertenecen al sector informal, es decir, trabajan como independientes (vendedores ambulantes) o en empresas informales, como también, empresas formales que disfrazando o desconociendo el carácter jurídico de la relación laboral (Uber y PedidosYa), encubriendo la forma de la relación laboral (sucesivos contratos de trabajo a plazos o subcontrato), relaciones ambiguas (inicialmente la relación era como prestación de servicio y con el tiempo comienzan a aparecer indicios de laboralidad), relaciones triangulares (empresas relacionadas ficticias para el solo hecho de menoscabar derechos laborales), entre otras. Todas, sin distinción entre público o privado. Lo que tienen en común es el menoscabo de derechos laborales, en unos más que otros y, que en su gran mayoría, los dejan en una situación de fragilidad.
Es difícil analizar la informalidad laboral, separándola de la pobreza. Del análisis de datos estadísticos se desprende que existe correlación entre ambos fenómenos. En Chile, actualmente hay un 40% de informalidad (3.000.000 de trabajadores). Los dos primeros deciles poseen en promedio un 75% de informalidad, por su parte, los dos últimos tienen menos de 10% de informalidad, 90% son formales (ENCLA 2017). Ambos conceptos son directamente proporcional y decreciente según el segmento social. Mientras mas pobreza, más informalidad, lo que implica, menos cobertura de derechos laborales, menos o inexistente bancarización, menos ahorro y sin seguridad social. Cabe precisar, que no todos los informales son pobres, incluso existen informales con buenas remuneraciones, pero la gran mayoría lo son.
Una de las fragilidades más extendida en el fenómeno de la informalidad son las escasas o inexistencias coberturas de contingencias en la seguridad social. En el Convenio 102 de OIT (no ratificado), clasificado como “norma mínima”, incluye: asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones por desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente del Trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones por maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes.
Los Gobiernos y empresarios de corte neoclásico consideran que estas coberturas de protección generaban “barreras de entradas” al encarecen el precio de la mano de obra; mientras más barato sea el trabajador, las empresas pueden contratar a más personas, lo que aumenta el tamaño de las empresas y su producción, con el consecuente crecimiento de la economía, y finalmente, la disminución de la pobreza. Sin pobreza, sugieren estos autores, las personas tendrán suficiente patrimonio para ahorrar y cubrir por sí mismo las contingencias. En otros términos, lo importante es que las personas tengas empleo sin importar la calidad del mismo.
La experiencia internacional, especialmente tomada como punto de análisis la década del 90, donde el mundo creció a ritmo vertiginoso, demostró que el crecimiento por sí solo -al igual que con la pobreza- no elimina el trabajo informal. Países robustos y desarrollados mantienen tasas de un 15% a 20% de informalidad. Estos estudios, aseguran que si bien, no se puede negar la necesidad del crecimiento económico para el desarrollo de los países, son conceptos distintos, porque en este último -desarrollo-, implica una serie de otras condiciones más complejas que el primero -crecimiento-. Involucra, el tipo de economía sobre la cual se basa el crecimiento (actividades y tipos de industria o servicios), calidad del empleo, cobertura de seguridad social, tasas de pobreza, legislación, iniciativa empresarial, diálogo social, trabajos decentes, entre otros.
Los Gobiernos en nuestro país -todos- han permitido y tolerado que un amplio número de actividades y sectores de la economía mantengan en una alta informalidad basada en la tesis neoclásica y, paralelamente, obviando deliberadamente efectuar políticas públicas dirigidas a los grupos más pobres y a la informalidad laboral. La relación entre ambos conceptos es compleja, porque si bien la pobreza influye en la informalidad como uno de otros elementos que la generan, la informalidad la perpetua en muchos casos, incluso, la puede generar en otros. En el primero, ocurre cuando una persona pobre no tiene oportunidades en el empleo y termina trabajando en trabajos de estas características puramente por necesidad de sobrevivencia. En el segundo, porque la baja calidad de estos trabajos y sus características tienen efectos sociales y financieros de carácter permanente. Es en esto en lo que yerra la concepción de simplista puramente del crecimiento
Los deciles mas bajos se desempeñan en su mayoría en trabajos informales; de mala calidad, bajos e inestables en sus ingresos, pocas posibilidades de ahorros, habitan casas pequeñas y hacinadas, excluidos del sistema bancario, entre otros. Sumado a tal precaria situación, un gran número de estos trabajadores no están dentro de ningún sistema de protección o seguridad social; la pandemia del Covid-19 a acrecentado y potenciado la fragilidad de estos trabajadores: Cuarentenas obligatorias, comercio cerrado, gran cantidad de población sin consumir o consumiendo lo mínimo, sistemas de salud al borde del colapso, destrucción de miles de puestos de trabajo y empresas cerradas o quebradas -potenciales nuevos trabajadores informales-, son factores que permiten concluir que era fácil prever que un gran porcentaje del 40% que laburan en la informalidad, le es imposible cumplir la cuarenta y no morir de hambre. Es necesario recordar que estamos hablando de 3.000.000 de trabajadores, sin considerar sus cargas.
La tolerancia del mundo político por aprovechar la informalidad laboral con miras a abaratar costos y con ello “más crecimiento”, significó durante todos estos años un ahorro para el Estado y para las empresas que la pandemia nos ha venido a cobrar con intereses y reajustes. Ahora, lo único que queda es recurrir a las arcas fiscales, a los bonos soberanos, a los prestamos al FMI para intentar en parte poder alimentar a toda esta masa laboral que no tiene ingresos, ni ahorros, ni un sistema de seguridad social al cual recurrir, con todas las consecuencias que en materia sanitaria a traído esto, basta revisar la ley Nº 21.242 y Nº 21.230. No puedo aventurarme que sea la única causa de la poca adhesión al cumplimiento de las medidas de confinamiento, pero sí al menos una de ellas. Situación antagónica a la de los trabajadores formales, más allá de las criticas que separadamente podríamos expresar sobre la forma en que se hizo (Ley Nº 21.227 y Nº 21.232).
Es urgente que los Gobiernos y las empresas tomen consciencia de las ventajas que representa la formalidad laboral para los trabajadores, para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto. El cumplimiento de normas del trabajo, por lo general, implica una mayor certeza y estabilidad financiera, mejor capacitación, menos accidentes relacionados con el trabajo, mejores condiciones de salud y de educación, que tienen efectos positivos en la economía y la sociedad y en la superación de la pobreza. Muchos consideran que las mejores normas del trabajo se autofinancian para los empleadores. Por ejemplo: el cumplir con la legislación sobre el horario mínimo y el descanso, lleva a una mayor productividad, menos absentismo, menos accidentes y errores. Por su parte, eliminar la competencia basada en los salarios y los costos laborales mínimos por la competencia basada en la productividad, la gestión mejorada, la organización del trabajo y la competencia de los trabajadores, dejará fuera a las empresas ineficientes y se traducirá en una economía más eficiente.
Los tiempos actuales apremian y las medidas de garantizar condiciones mínimas de vida e ingresos suficientes a los informales imposibilitados de trabajar, aun más. Sin embargo, difícilmente se pueda encontrar un momento más revelador para concientizar de las consecuencias de la informalidad y precariedad laboral sobre la necesidad de extender la cobertura de seguridad social de la manera más universal y amplia posible: lo barato a la larga cuesta caro y la historia es cíclica.
