Promesas incumplidas a mipymes: informe revela baja cobertura y “fuertes deficiencias” en entrega de crédito COVID-19/Fogape

Un grueso importante de las mipymes no ha podido acceder al crédito; la cobertura ha sido insuficiente; promesas como una Tasa de Interés efectiva 0% ha resultado falsa; y la accesibilidad a los créditos ha sido tardía y reducida. Esas son algunas de las concusiones de informe realizado por una comisión de 16 militantes PS, con la colaboración del Instituto Igualdad: “El Crédito Fogape no está llegando con la cobertura suficiente, con la rapidez requerida, ni con el volumen de recursos comprometidos”, señalan. Asimismo, advierten que la participación total del BancoEstado es muy baja en monto de créditos cursados (14%), porque tiene una gran proporción de solicitudes de créditos pendientes de cursar o rechazadas (60% de las solicitudes presentadas contra el 49% del conjunto del sistema).

“El Crédito Fogape no está llegando con la cobertura suficiente, con la rapidez requerida, ni con el volumen de recursos comprometidos”. Esa es la lapidaria conclusión de un informe de fiscalización realizado por un grupo de 16 militantes del Partido Socialista (PS) con el apoyo del Instituto Igualdad al plan de emergencia elaborado por el Gobierno, dirigido a empresas que necesitaban liquidez con urgencia por la cuarentena sanitaria.

En este primer informe, se detectaron “fuertes deficiencias en materia de accesibilidad, cobertura y transparencia en relación con el acceso al Fogape y la ayuda efectiva para las micro y pequeñas empresas”.

En resumen, señalaron que “un grueso importante de las MIPYMES no ha podido acceder al crédito; la cobertura ha sido insuficiente; promesas como una Tasa de Interés efectiva 0% ha resultado falsa; y la accesibilidad a los créditos ha sido tardía y reducida”.

A juicio del informe, recalcaron que “lo primero que se aprecia es una distancia ostensible entre lo prometido por el Gobierno y la realidad, lo cual lleva a concluir que es más lo adeudado que la ayuda concreta”.

Lo prometido y la realidad

Una de las principales promesas de este crédito fue a capitalización del FOGAPE en US$ 3.000 millones. Sin embargo, en el informe aseguran que “se han adjudicado aproximadamente US$1.000 millones en líneas de garantías a 11 instituciones financieras (a abril 2020), alcanzando apenas a un tercio del total prometido”.

“No suficiente con esto, recordemos que el Ejecutivo proyectó garantía para nuevos créditos hasta por US$ 24.000 millones. De este total, entre US$ 12.000 y 13.000 deberían destinarse a MIPYMES. Pues bien, hasta el momento se han otorgado créditos por US$ 7.850 millones, de los cuales solo unos US$ 4.280 millones se han destinado a las MIPYMES”.

También se prometieron facilidades bancarias -como la suspensión de créditos- para acceder a Fogape. “Sin embargo, en la práctica existen problemas en la suspensión de otros créditos vigentes concedidos por los bancos debido a las condiciones exigidas, traduciéndose en barreras de entrada bancaria para las empresas más pequeñas, lo cual impide o ralentiza el proceso, en un momento en que la agilidad es vital para la sobrevivencia de las pequeñas empresas”.

En tanto, desde el PS aseguraron que es “falsa” la promesa de una tasa de interés efectivo de 0%, esto “debido a diferencias percibidas entre las tasas comprometidas para los créditos y la Carga Anual Equivalente (CAE) que deben pagar los usuarios, por lo cual resulta indispensable desarrollar mayores niveles de transparencia y un inmediato y acucioso seguimiento de la CMF”.

“El grupo de fiscalización también recalca la necesidad de revisar el compromiso que implicaba la entrega de créditos por parte de los bancos de manera masiva, expedita y estandarizada”, pues los autores del informe sostienen que se ha hecho de manera “tardía y reducida. En esencia, porque los bancos han sido reticentes a otorgar créditos que puedan implicar riesgos, produciéndose un avance más rápido para empresas grandes que para las pequeñas en el procedimiento”.

Respecto al financiamiento de un millón de pequeñas empresas entregando capital de trabajo hasta un potencial del 99,8% de compañías, aseguraron desde la comisión que las cifras “son mucho menores. Las postulaciones al FOGAPE han sido 263 mil, de las cuales 253 mil son MIPYMES. Y los créditos cursados llegan a 134 mil, de las cuales 128 mil son MIPYMES. Esto es apenas un 13% de la meta”.

“Insuficiencia”

Para el PS, “un concepto que cruza la implementación del plan del Gobierno ha sido la insuficiencia. No solo por cobertura, sino porque existen segmentos Mypime que no fueron considerados y porque la aplicación de riesgo que ocupa la banca dificulta atender a estos grupos”.

Asimismo, advierten que la participación total del BancoEstado es muy baja en monto de créditos cursados (14%). Tiene una gran proporción de solicitudes de créditos pendientes de cursar o rechazadas (60% de las solicitudes presentadas contra el 49% del conjunto del sistema).

Por último, el informe establece una serie de propuestas de mejora, como la eliminación total del deducible en el caso de las MIPYME; elevar la cobertura de los créditos de menor cuantía (bajo 25.000 UF), y revisar las condiciones relativas a la mora de las MIPYMES, entre otras.

El grupo que elaboró el informe está compuesto por el senador Carlos Montes, senador; los diputados Manuel Monsalve y Marcelo Schilling; Clarisa Hardy, presidenta Instituto Igualdad;  Karina Delfino, socióloga, coordinadora ejecutiva Instituto Igualdad; Sergio Echeverría, Alcalde San Joaquín; Fernanda Villegas, ex Ministra de Desarrollo Social; Gabriel De La Fuente, Director Área Legislativa Instituto Igualdad, ex Ministro SEGPRES; Lysette Henríquez, ingeniera industrial, presidenta Comisión económica del Partido Socialista; Francisco Díaz, abogado y exsubsecretario del Trabajo; Álvaro Díaz, economista y ex subsecretario de Economía y Coordinador Foro Desarrollo Justo; Patricia Silva, abogada y ex subsecretaria de la SEGPRES; Hernán Frigolett, economista, académico y ex Tesorero General de la República; Rafael Pizarro, académico de gestión pública; María José Becerra, economista; y Sergio Sánchez, médico, presidente de la Comisión de Salud del PS

Fuente: El Mostrador