LAS DICOTOMIAS DEL CASO AMBAR

En los últimos días conocimos el macro crimen de la joven Ámbar Cornejo de 16 años, quien fuera víctima de un homicida condenado por un doble homicidio en 2005 y condenado a 27 años de presidio por dichos delitos, siendo beneficiado con su libertad el año 2016 al igual que más de 1.000 reos en todo el país. Mucho se ha comentado respecto a las responsabilidades en este lamentable caso, pero más allá de los sentimientos y el escarnio público al fragor de los hechos conocidos, debemos llamar a REALIZAR una profunda introspección como sociedad, respecto a cómo nuestras instituciones y la sociedad toda, una vez más han fallado hacia sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. El Estado de Chile y sus instituciones están al debe para instaurar el enfoque de derechos humanos y asegurar su cumplimiento a los compatriotas menos privilegiados, por ende urge relevar la dignidad de las personas, como fines en sí mismos y sujetos de derechos, garantizando la protección de sus derechos fundamentales, el acceso a bienes y servicio públicos de calidad, mediante un mejor Estado, esto es, moderno, eficaz y que priorice tanto las apremiantes necesidades postergadas por años en materias de niñez, salud, mujeres violentadas, adultos mayores y discapacidad, como las nuevas realidades que se deben enfrentar en el siglo XXI.
Pero no basta con escandalizarnos y luego serenarnos para reflexionar, debemos OCUPARNOS para desplegar una acción estatal efectiva y un aporte relevante desde la sociedad civil en favor de los descartados de nuestra sociedad.
El caso de Ámbar ha dejado al descubierto también la precariedad de nuestras estructuras sociales, como por ejemplo, la primera línea de contención para los ciudadanos, que es la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, institución que más que fallar a esta joven, la habría vulnerado de forma reiterada. Como personas de buena voluntad debemos desde luego condenar enfáticamente las actuaciones negligentes, ya sean de funcionarios públicos o personas naturales, indistintamente de su género o posición, apelando a una altura de miras en nuestros juicios. Empero, por, sobre todo, tenemos que dirigir nuestra mirada, quehacer y esfuerzos en la construcción de un país más justo y equitativo, el cual solo será posible en la medida que exista, conforme al enfoque de derechos humanos, una opción preferencial por los grupos más vulnerables a través de la creación e implantación de un sistema de protección social real y efectivo.

Claudia Salazar Figueroa
Delegada Territorial
PDC Región de Valparaíso