La desigualdad en Chile y el impacto laboral

Por Manuel Romero F. Consejero Nacional, Subsecretario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La desigualdad, ha dejado en evidencia a nuestro país. Es un virus silencioso muy peligroso, que ha venido socavando las bases de nuestra democracia producto de la concentración de las riquezas; y por otro lado, la generación de necesidades básicas de la fuerza laboral generando empleos precarios, remuneraciones bajas y una alta tasa de desempleo y malas pensiones. Cabe destacar que aquellos que manejan las riquezas son dueños de empresas productivas y de servicios en Chile.

Desde que el hombre existe, ha habido un orden social y depende de cómo sea este orden se vivirá en paz o en conflicto, son máximas archí sabidas, nada nuevo, pero la historia se ha venido repitiendo en todos las épocas como si las generaciones modernas obviaron lo que ocurrió en el pasado y se preocupan solo del futuro como un solo orden, dejando entrever que lo viejo no sirve, generando una dicotomía peligrosa en contraposición.

Los modelos de las épocas y las eras, desde la más primitiva a la moderna la del siglo 21, no han sido capaces de superar esa realidad. Y no han visualizado algo necesario para construir con equidad a partir de un orden estructurado en la justicia social y económica. A lo mejor no se han preguntado en forma seria y responsable ¿Por qué se generan los conflictos y revoluciones? y ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa y equitativa? Preguntas claves para gobernar un país en paz en estos tiempos.

En nuestro país, existe un modelo económico neo liberal implantado desde la dictadura militar encabezado por el General Pinochet que para muchos es la causa de lo que hoy se llama “estallido social” que marcó un hito importante por la gran cantidad de gente que se movió el día el 25 de octubre del 2019 en “La marcha más grande de Chile” y que dejó al gobierno sin herramientas para contenerlo. Tras el estallido se pone en duda si el modelo imperante es lo que Chile necesita para crecer y cómo a través de este se pone en el centro las demandas la desigualdad.

A este fenómeno, se le sumó la pandemia que golpea al mundo entero y en Chile deja al descubierto que más que una crisis sanitaria grave, se le adiciona la crisis económica que si es mundial, aquí se agudiza por las necesidades de la gente y de los trabajadores por bajos salarios, pérdida del empleo y alto endeudamiento, que de acuerdo al último informe de Equifax y la Universidad de San Sebastián que el primer trimestre de 2019, eran 4.604.770 los chilenos que se han atrasado con el pago de sus deudas.

No es menor, la gran cantidad de chilenos que se encuentran morosos, más de cuatro millones estos están en condiciones inestables y no tienen como cubrir plenamente sus necesidades básicas para alimentar a sus familias, ellos esperan políticas públicas, que escuchen sus demandas y puedan tener lo básico para subsistir.

Los bajos salarios afectan a una cantidad importante de trabajadores y eleva la desigualdad, por mientras que las empresas tienen grandes ganancias y esa productividad ganada no la traspasan a quienes la producen incrementando sus utilidades en forma significativa. Por otro lado, el valor del ingreso mínimo deja al descubierto las malas remuneraciones que existen hoy $320.500 mil pesos mensuales, casi un millón de trabajadores lo gana y el 50% de los trabajadores gana un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos mensuales según un informe el INE en agosto 2019, una familia no puede vivir con esos valores y de no mediar  una corrección las diferencias se agudizan, versus las ganancias de la empresa, lo que genera una situación de conflicto y tensión permanente.

Podemos decir, que Chile es considerado uno de los países con altos niveles de desigualdad a pesar de su crecimiento económico y disminución de la pobreza, entonces la pregunta ¿qué es lo que falla para lograr un justo equilibrio y alcanzar la equidad? Sin duda que hay un problema de salarios, un problema de pensiones, no es posible que un trabajador después de 40 años de trabajo se jubile con una pensión de $ 200.000 mil pesos mensuales, ingresando a la pobreza. No existe ningún análisis que contradiga que esto es desigualdad pura. Según el Banco Mundial Chile, es el décimo país más desigual de Latinoamérica y el segundo con mayor PIB per cápita y en el ámbito mundial aparece en la posición número 25 entre los países más desiguales.

El desafío hoy, es comprender que nuestro país vive un momento clave e histórico, tiene que haber un cambio para lograr un nuevo orden socioeconómico fundado en la equidad y no en la desigualdad, es imperativo poner al hombre como centro del desarrollo dejando a la robótica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como un apoyo al progreso y el desarrollo.

Que los empresarios y dueños de la producción deben remunerar en forma justa a sus trabajadores, con trabajo decente, en condiciones de trabajo apropiadas para un eficiente desempeño y al final del periodo una jubilación decente que le permita disfrutar del ocaso laboral.

Es difícil comprender que en Chile haya un 1% de personas que acumulen y acumulen y acumulen y siga acumulando riqueza, sin pensar en los demás, la CEPAL indica en su informe que en nuestro país hay una alta concentración de la riqueza que año  2017, el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza.

Es hora de abrir las compuertas de la equidad y la justicia socio económica, o si no, viviremos en una constante inestabilidad, desorden y muchos estallidos sociales. No se puede vivir con estas injusticias y desigualdades, es momento de reflexionar y pensar que Chile es de todos y no de unos pocos que tienen de sobra, es el minuto de hacer un gesto concreto para eliminar esta brecha y reconstruir una sociedad donde predomine la paz y la justicia. Para eso es necesario, una mesa de diálogo social nacional y sectorial donde converjan el gobierno, empresarios, parlamento, partidos políticos y trabajadores para definir una política laboral que equilibre la relación trabajadores y empresarios, de remuneraciones equitativas y pensiones de júbilo con miras a la nueva constitución.