El conflicto de interés del senador Huenchumilla en proyecto de firma electrónica: su señora es conocida notaria

Desde la fundación América Transparente afirman que el parlamentario no debería participar del debate ni votar la iniciativa, ya que, de aprobarse, se verán afectados los patrimonios de los notarios.

A través de un mensaje durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ejecutivo ingresó en 2012 un proyecto de ley al Congreso para facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada por particulares y organismos públicos, con el propósito de hacer más expeditos y accesibles los trámites ante notario.

Pese al paso del tiempo, y tras ser aprobado en la Cámara Baja, el proyecto hoy vive su tercer trámite legislativo en la Comisión de Constitución del Senado, donde esta semana volvió a ser analizada por los legisladores y podría ser votado durante la próxima semana después de dos años sin ningún avance.

Uno de los mayores opositores a la medida en la Comisión de Constitución es el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien justamente, es esposo de una conocida notaria en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía. Hecho que ya señalaron algunas organizaciones, desde donde reclaman “conflicto de interés” por parte del parlamentario.

Se trata de María Antonieta Suárez, notaria y conservadora de la notaría Lautaro, ubicada en la calle Manuel Antonio Matta, según el registro de la Asociación de Notarios. La esposa de Huenchumilla ocupa el cargo desde 1998, de acuerdo a un decreto emanado desde el Ministerio de Justicia publicado en la Biblioteca del Congreso.

¿El problema? De acuerdo al reglamento de la Cámara Alta, actualizado a marzo del 2020, los senadores no podrán “promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge, sus colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad”.

Eso sí, según se precisa en el documento, “podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellos, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”, proceso que hasta la fecha Huenchumilla, presente en los debates de la Comisión de Constitución, no ha realizado.PUBLICIDAD

Al respecto, desde América Transparente, fundación que ha desarrollado estudios en relación al negocio de las notarías en nuestro país y su nexo con la política, Juan José Lyon, explicó en entrevista con EL DÍNAMO que Francisco Huenchumilla debería “abstenerse de participar del proyecto”, porque, “sus opiniones no son imparciales, él tiene un claro conflicto de interés ya que la firma electrónica avanzada amplía el uso de la firma para que se pueda usar cuando se requiera una ante notario”.

Los argumentos de Huenchumilla en contra del proyecto

Al ser consultado por EL DÍNAMO respecto a si se inhabilitará de las próximas votaciones del proyecto de firma electrónica avanzada, el senador Francisco Huenchumilla no quiso abordar el tema.

Sin embargo, sí lo hizo durante la discusión en la Comisión de Constitución donde indicó que la larga demora de la tramitación se debe al arduo trabajo que viene realizando la instancia, dirigida por Alfonso de Urresti (PS).

“¿Qué se pretende con colocarle discusión inmediata? Esa es una cuestión de papel que no produce ningún efecto porque no estamos en condiciones de acceder a la discusión inmediata. Este proyecto que estamos viendo está con urgencia simple. No podemos hacer efectiva esa urgencia inmediata que pide el Gobierno. Entonces esto se presta para malos entendidos”, indicó.

Para Huenchumilla, según declaró en el Congreso, la firma electrónica avanzada, “es un avance para el Chile próspero, pero no da una respuesta para el Chile pobre respecto al rol del Estado en estas materias”.

“Yo no sé si detrás de esto hay una cuestión de negocios de entregar esto, que puede rendir muchísimo desde lo económico, al mercado. ¿Por qué esto no lo podría hacer el Registro Civil en intermediación con las municipalidades y así llegar a todo Chile? Qué le digo a la gente que represento en Cholchol, en Puerto Saavedra y Lumaco. Nada. Porque esto es otro mundo”, continuó el ex intendente de La Araucanía.

El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, explicó que la idea de Huenchumilla, respecto a que el proyecto es para las elites, es falsa.

“Lo que viene hacer este proyecto es justamente facilitar el acceso. Porque no en todas las comunas hay notarías, o muchas veces, estos trámites demoran. Por ejemplo, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en promedio las personas tardan entre una hora y una hora y media en realizar sus trámites notariales”, aseguró.

Impacto económico de la firma electrónica avanzada

Pese a que para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera la firma electrónica avanza es prioridad, sobre todo luego del inicio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, la iniciativa ha sido duramente resistida por la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y otros grupos de interés.

Desde la Asociación de Notarios, según consta en su sitio web, afirman que “no estamos de acuerdo que la firma electrónica avanzada reemplace a la fe pública“.

Para Juan José Lyon también hay un tema económico, ya que, de materializarse la iniciativa, “va afectar el patrimonio de los notarios porque la gente, en vez de tener que ir a la notaría, va a poder elegir hacerlo desde la comodidad de su casa o trabajo, teniendo una firma electrónica que no es difícil de conseguir. Se obtienen desde los $900 con la clave única y respondiendo algunas preguntas de verificación”.

“Es un proyecto que ha tenido resistencia por parte de los notarios, con un fuerte lobby detrás. Pero lo cierto es que no reemplaza al notario, más bien, da la alternativa de usar la firma electrónica, por ejemplo con los pagaré y créditos”, explicó el director de América Transparente.

En tanto, los beneficios para el bolsillo de la ciudadanía sería notables. Según dice Lyon, en base al informe económico del proyecto, “podría generar una reducción de los costos de tramites notariales de hasta un 95%, mientras que al Estado le ahorra más de $31 mil millones al año”.

“Es muy relevante si se considera que el informe de la Fiscalía Nacional Económica afirma que los notarios cobran hasta seis veces más de lo que dice la ley”, detalló Lyon. 

Fuente: El Dinamo.