Acusan a Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante estallido social

Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones registradas desde finales de 2019.

El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron este jueves un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda, en el que solicitan que este tribunal investigue, acuse e inicie un juicio contra el presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por los “crímenes de lesa humanidad” que han sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde el estallido social de octubre de 2019.

Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones registradas desde finales de 2019.

“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, indicó el abogado Garzón en declaraciones a CIPER.

Según este medio, el escrito fue presentado este jueves a las 11:00 (hora de Chile), y plantea que es necesaria la intervención de la CPI debido a que en el país estos casos son erróneamente calificados como delitos comunes y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.

“(Los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, señala el texto presentado ante la CPI.

Asimismo plantea que el «elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte”, insiste el escrito presentado por Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la AAJ y el CRED.

El requerimiento recuerda que las conductas denunciadas no son aisladas o independientes, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, «con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.

“La naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones cometidas, se confirma por el gran número de víctimas provocadas, por la extensión geográfica del ataque, por la extensión temporal del ataque y por el involucramiento directo en la comisión de los crímenes por un aparato organizado de poder encabezado por el Presidente de la República y que se revela en toda la línea de mando de las instituciones castrenses y de orden y seguridad (Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas)”, plantearon el abogado Garzón, la CHDH, la AAJ y el CRED) en el texto

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, explicó que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, así como a los generales directores de Carabineros.

En declaraciones a CIPER subrayó que “los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.

A raíz de la presentación del escrito, la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, tendrá a su cargo la responsabilidad de definir la admisibilidad de esta acción, para proceder al procedimiento investigativo.

Sin embargo, Bensouda será reemplazada el próximo 16 de junio por el británico Karim Khan.

La corte deberá analizar si los hechos son de su competencia, si hay motivos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y, si se cumplen los requisitos de admisibilidad.