Corte Suprema resolverá si acepta que España investigue las platas negras de Pinochet
La justicia española reabrió una investigación que involucra al Banco de Chile, para determinar si esta empresa ayudó a Augusto Pinochet y sus asociados en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habrían ocurrido entre 1998 y 2004. Ahora será el máximo tribunal el que determine si visa o no la petición forastera.
La Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet, a través del Banco de Chile.
Según el medio digital ElDiario.es, el procedimiento es impulsado por el abogado Joan Garcés, en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20 mil víctimas de la dictadura chilena.
Esta medida deriva de las acciones que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón. Estaba paralizada desde el 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile, ya que ésta investigaba los mismos hechos.
Sin embargo, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, decidió reabrir la causa y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década.
Implicancias prácticas
La investigación, hasta el punto en que quedó, incluía una resolución que exigía al Banco de Chile, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española.
La Fundación Presidente Allende solicitó a la Audiencia Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija que depositen la fianza prevista en la resolución y, en caso de ignorar estas disposiciones, que procesa al embargo.
El pasado 8 de julio, la Audiencia Nacional remitió una comisión a la Corte Suprema de Chile para que se notifique a los representantes legales de los querellados sobre esta situación.
A esto respondió la representación legal de Banco de Chile, asumida por Raúl Tavolari, a través de un escrito. Según ElDiario.es, el abogado argumenta que esta resolución “vulneraría el orden público nacional” al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.
A esta respuesta se suma un comunicado que emitió hoy la institución financiera. En ella, asegura que estas materias “han sido investigadas por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año 2004, tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las mismas”.
Existe un precedente en este caso, ya que el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura con US$8.000.000. Esta cifra era equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.
