Cinco años de cárcel: Confirman condena contra empresario de Punta Arenas por trata de personas y trabajos forzados
En el fallo se establece que el empresario, a través de terceros, captó a ocho ciudadanos de origen haitianos, quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida.
Este martes, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de nulidad presentado contra el empresario Jaime Tomás Cabrera Almendra, empresario agrícola de la zona de Puerto Natales quien fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo por los delitos de trata de personas con fines de trabajos forzados.
Los hechos fueron ejecutados entre 2017 y 2018 en la Provincia de Última Esperanza.
El caso fue informado por la prensa local como un caso de esclavitud en pleno siglo XXI, donde un empresario de la zona tuvo en situaciones indignas a un grupo de trabajadores de origen haitiano; refiere ADN.
En concreto, la justicia falló de manera unánime a lo presentado por la defensa que buscaba anular la sentencia dictada por el TOP de Punta Arenas.
En el fallo se establece que el empresario, a través de terceros, captó a ocho ciudadanos de origen haitianos, quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida.
Para esto, los ciudadanos ingresaron a Chile con visa de turistas.
«Una vez en Puerto Natales –prosigue–, fueron trasladados a un lugar apartado, ubicado a 64 KM del centro de la ciudad de Puerto Natales, específicamente en el KM 10 de Villa Renoval, el que no se encuentra urbanizado, pasándoles un sitio con una construcción de material ligero, guarnecido solo con material plástico, denominado comúnmente como ‘rancha’, sin conectividad telefónica, ni internet, como tampoco tenía servicios básicos de luz, calefacción y alcantarillado, sin además tener la posibilidad de trasladarse hasta la ciudad pues no existía locomoción colectiva y desconocían las vías de conexión terrestre con Puerto Natales», refiere el texto del tribunal.
Las víctimas sufrieron jornadas extensas sin descanso de lunes a domingo, y fueron obligados a trabajar en la recolección de musgo en fuentes de agua para que luego fueran almacenadas en sacos.
Si no producían lo que el empresario consideraba como suficiente, los trabajadores eran amenazados con expulsarlos del país.
El dinero que les entregaban era muy poco debido a que este les descontaba por concepto de comida y el traslado que hacían los trabajadores desde Santiago hasta Puerto Natales.
Según la carpeta, a los haitianos se les pagaba 500 pesos por cada saco rellenado de musgo, mientras que los trabajadores chilenos recibían hasta 1.000 pesos por el mismo trabajo.
De la remuneración alcanzada con el relleno de sacos, el acusado habría descontado un porcentaje por alimentación, zapatos de trabajo y el propio traslado de los haitianos desde Santiago a Puerto Natales.
