Grandes empresarios recurren al TC por ley que endurece las penas a los delitos “de cuello y corbata”
La CPC considera inconstitucional algunos puntos de la norma que fue aprobada con apoyo transversal en el Congreso en mayo pasado.
La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a los grandes empresarios del país, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para presentar reparos al proyecto que endurece las penas a los delitos económicos, o también conocidos como “de cuello y corbata”,
Los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, en representación del empresariado, ingresaron un “téngase presente” al TC, en el que acusan que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.
“Lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público Económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”, añade.
El Congreso despachó a mediados de mayo, con respaldo de la gran mayoría de los sectores políticos, un proyecto que establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales, para los delitos económicos y contra el medioambiente.
El objetivo de la norma era modificar diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica.
El recurso presentado por los grandes empresarios acusa que “la mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos“.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la norma aprobada en el Congreso y consideró “preocupante” la acción impulsada por los empresarios.
“Habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad, pero sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso, de manera bastante transversal del proyecto de ley, que ahora es ley, sobre los delitos económicos y ambientales“, expresó.
“Es algo que lamentablemente hoy día se está cuestionando. Como lo decía habría que ver el detalle de esa presentación, pero a todas luces, sin embargo es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país”, agregó.
