¿Transición justa en Chile?

Una mirada desde la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT CHILE)

Por Alejandro Ochoa Gaboardi, Secreatario General Federación de Contratista ENAP Concón.

Teniendo en cuenta que la inclusión del término Transición Justa (TJ) en el Preámbulo del Acuerdo de París (AP) implicó un reconocimiento al mundo del trabajo y sentó precedentes dando impulso a iniciativas para el abordaje de la crisis climática. Sin embargo, el concepto está siendo adoptado y reinterpretado por diferentes espacios, tan diversos como antagónicos, convirtiéndose en un término camaleónico, modificando su contenido en función de los intereses del interlocutor. En este contexto, en la COP 26 en Glasgow, los sindicatos plantearon la preocupación por la reinterpretación que gobiernos y empresas estaban haciendo del término “Transición Justa” como forma de legitimar las promesas de crecimiento y de prosperidad económica basados en la economía verde y las emisiones cero netos.                                              

Sin embargo, con la retórica no basta y la realidad muestra que, a pesar de los distintos pactos, acuerdos e instrumentos (vinculantes o no) que los países y empresas han firmado, los trabajadores seguimos sufriendo las consecuencias del cambio climático y continuamos expuestos a procesos de transición que han omitido sistemáticamente la “justicia”.

En este contexto de auge de las transiciones, donde en muchos casos, la transición justa se utiliza como equivalente a la transición energética, en Chile se están dando tanto procesos de transición energética corporativa como de expansión energética que no son más que Caballos de Troya que intentan perpetuar un modelo anacrónico que pretende ser pintado de verde.

Como ya ha expresado esta Secretaría de la CUT de CHILE, la Transición Justa es más que una transición energética y la transición energética justa es mucho más que un cambio de fuentes de energía. Apunta a garantizar el acceso a la energía como derecho y la democratización de esta.

Por esta razón, resaltamos las experiencias de países como Honduras, que buscan apostar a una transformación del sistema energético pensado en el acceso a la energía como derecho, y se encuentran con diversos obstáculos que reflejan las estructuras de poder que permanecen intactas detrás de los sistemas energéticos en los países. El control privado y transnacional de los sistemas energéticos, sumado a los mecanismos que permiten a las empresas acudir al CIADI, son los principales obstáculos a la hora de diseñar e implementar políticas de transición justa en los países de la región.

En este sentido la Transición Justa,  debe formar parte de los procesos de implementación de los acuerdos asumidos, dentro de las NDC, de los Planes Nacionales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de los planes de descarbonización a largo plazo reconociendo a la TJ como un derecho de los/as trabajadores/as y de las comunidades afectadas a contar con un trabajo decente con garantías de protección social que contemple a todos y todas las afectadas por las políticas climáticas y aquello que están padeciendo los impactos de manera más severa para no dejar a nadie atrás. 

Por lo tanto, demandan el diseño e implementación de planes de transición justa dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de los países de la región con diálogo social, trabajo decente y respeto de los derechos fundamentales del trabajo y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

Chile es uno de los países donde la transición estaría respaldada por una “Estrategia de Transición Justa en el Sector de la Energía” promovida por el Ministerio de Energía que prevé el cierre de sus termoeléctricas a carbón, pero, que, en la práctica, ha demostrado la falta de previsión y garantías para asegurar el sustento a los/as trabajadores/as directos, subcontratados e indirectos de sectores dependientes de esa actividad.

Sobre esta base, la CUT ha desarrollado una postura para sus diálogos con las autoridades que hasta el momento sigue en desarrollo y se expresa en las páginas siguientes.

Plan de Estrategia de transición justa y sustentable CUT – Chile (expuesto en espacios internacionales)

Para instalar una TJ efectiva en el país con los trabajadores se debe primero que todo, tener una base de antecedentes referidas a:

u Retiro de centrales a carbón, existiendo una primera fase de cierre acordada al 2024, con tal de cumplir la meta de cese de generación eléctrica en base a carbón antes del año 2040.

u El sector energético es el responsable del 78% de las emisiones de GEI del país.

u Resultados de este plan actualmente:

1. Beneficios: socios ambientales a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reducción de contaminantes atmosféricos locales: NOx, SO2, MP10..

2. Consecuencias: Pérdidas de empleos directos, subcontratados e indirectos.

PRINCIPIOS de una TRANSICIÓN JUSTA en CHILE (según CUT)

1. Justicia Social y Buen Vivir.

2. Trabajo digno y significativo.

3. Distribución equitativa de los recursos y el poder.

4. Economías Ecológicas regenerativas.

5. Conservar y proteger la cultura y las tradiciones históricas.

6. Impulsar acciones a nivel local, regional, nacional e internacional.

7. Tener tolerancia y abrazar la diversidad en todos sus sentidos.

8. Solidaridad

9. Equidad e igualdad de género

10. Cruzar las fronteras del Clima.

11. DEMOCRACIA en plenitud de su definición.

Malas experiencias de transición en Chile: 

CASO DEL CARBÓN DE LOTA:

En la década del 90 se Intento  construir estrategias de desarrollo más permanentes para la deprimida zona carbonífera (ciudad de Lota) Pero no se consideró la complejidad de los factores territoriales y culturales en juego, tampoco se le asignó valor a la historia y patrimonio minero de dichas comunas.

La capacitación para la reconversión de la mano de obra local tampoco estuvo asociada a la instalación de nuevas actividades productivas para lo cual no se realizaron estudios de empleabilidad, ni planes de empleo, en resumen, todos los análisis de dicha transición coinciden en que sus consecuencias fueron lamentables.

Por lo que las conclusiones al respecto es que no existen programas de reconversión exitosos en el país, no existen diagnósticos y propuestas de política pública, no hay una mesa Nacional Tripartita, (Gobierno, Empresarios, Trabajadores); Solo hay un programa de descarbonización, un cronograma de desactivación de industria carbonera. Y hoy no hay intenciones de una transición justa -más allá de este Cronograma- con mediciones a corto, mediano y largo plazo.

Por lo tanto, a nuestro parecer se han omitidos elementos importantes en las zonas donde se instalan físicamente as industrias extractivas, (zonas de Sacrificio), como por ejemplo los Impactos en salud y desafíos de reparación para las comunidades y trabajadores/as expuestos, sobre todo subcontratados e indirectos. La reparación de los daños a la salud, la remediación ambiental y la restauración de los pasivos ambientales. Lo importantes de realizar estudios epidemiológicos que establezcan los daños sobre la salud de la población local y trabajadores propios y subcontratados e indirectos.

Las Comunidades están expuestas a tasas de mortalidad más altas que en otras zonas, con Hospitales sin la clasificación para enfrentar estas realidades. Se niegan aplicar justicia si las industrias contaminantes dejan de operar y se retiran de un territorio, sin remediación. Incluso el proceso no contempla programa público ni privado de reconversión laboral y restauración ambiental, asociada al cierre de centrales, incluso invisibilizando el mundo subcontratado y la relación del trabajo indirecto.

Reconversión Laboral y Protección Social:

Para poder cumplir con estos parámetros importantes en una Transición Justa hay que por lo menos contener los siguientes elementos, debe haber fundamentalmente una transformación de estas industrias y los empleos asociados a ella, y para ello, diseñar, financiar e implementar programas de transición con generación de capacidades laborales, productivas, organizativas y culturales, tendientes a aprovechar las oportunidades que existen en cada comuna. También debe haber un trabajo de identificación de oportunidades y priorización de acciones para la reconversión económica local debe tener carácter participativo, inclusivo y contar con financiamiento, comunicación y promoción para su adecuada apropiación por parte de la comuna y la población local, además de su visibilidad a nivel nacional.

Comentarios finales

Por lo tanto, en Chile, el plan de descarbonización no cumple y no tiene principios de transición justa, pues desconoce factores sociales, políticos, culturales, laborales, etc. No considera la reconversión laboral de TODOS los sectores laborales. El cronograma no considera evaluación de la crisis ambiental, no establece matrices productivas social y ecológicamente sustentables.

Sumando a esto, la omisión deliberada del Gobierno anterior de considerar a los sindicatos y a la ciudadanía está estrechamente ligado a una concepción restringida del concepto cortoplacista de transición justa, y de evitar a entrar a temas de fondo como la autodeterminación de las comunidades sobre el territorio.

Tratando de generar aportes como Central Unitaria de Trabajadores, hemos creado la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, para apoyar en la construcción de una política pública de TJ, y hemos también solicitado al Gobierno actual, una MESA TRIPARTITA NACIONAL.

Por lo tanto, ¿Chile se dirige hacia una transición energética democrática y justa?

Aún no, ya que:

Actualmente tenemos una democracia de baja intensidad que afecta la gobernanza ambiental y energética con deficientes mecanismos de participación ciudadana dentro de un País extremadamente centralizado que posee mucha debilidad de instrumentos de planificación territorial.

Ni siquiera actualmente se ha iniciado un levantamiento serio sobre el daño real que han causado estas industrias en la salud, en lo social, en lo ambiental, etc. En las Zonas de sacrificios, incluso en los niños y niñas, aún hay intoxicaciones en los colegios de Quintero y Puchuncavi.

La Soberbia y lentitud de los Ministerios del gobierno para regular y establecer medidas en políticas públicas para el desarrollo ordenado de transición justa. Todo muy a criterio de las Empresas trasnacionales implicadas.

Institucionalidad ambiental. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

En relación con la institucionalidad ambiental y el SEIA (servicio de evaluación de impacto ambiental), tras el anuncio por parte del MMA (Ministerio Medio Ambiente) de que se reforzará su funcionamiento, aún vemos que es urgente que se aborden puntos y que urge resolverlos a la brevedad para fortalecerla, como, por ejemplo, Permisividad al fraccionamiento de proyectos para que no sea evaluado el impacto de un proyecto en su totalidad, existe deficiente evaluación de los efectos sinérgicos entre proyectos emplazados en un mismo territorio, en tema de Participación ciudadana SEIA, no sólo no es vinculante, sino que tampoco posee una influencia relevante en la toma de decisión final sobre los proyectos y esta participación en la EIA (evaluación de impacto Ambiental). Lamentablemente en la actualidad la ley considera procesos participativos sólo para aquellos proyectos que requieren un estudio de impacto ambiental.

El poder de las grandes Corporaciones y el rol de los tratados internacionales

Aún está al debe abordare de manera efectiva la influencia de las grandes corporaciones y el rol de los tratados internacionales para lograr un real resguardo de los derechos de los trabajadores ante las grandes inversiones,

• Inversión extranjera en sector energético. Estatal china State Grid que a principios de 2021 adquirió la distribuidora eléctrica CGE, con lo que pasó a dominar el 57% del mercado de distribución eléctrica chilena.
• Poder de las corporaciones. Caso Campiche.
• Tratados internacionales de última generación. TPP11 y Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)

Impacto de las leyes y políticas laborales

-Actualmente la Legislación laboral que propicia la precarización de las condiciones de trabajo a través de la subcontratación, límites a la negociación colectiva y acción sindical.

Por ejemplo, las Termoeléctricas. 4.390 empleos directos (37% contratados y 63% subcontratados). En el sector laboral, de acuerdo con sindicatos, los servicios subcontratados representan cerca de un 80% y ha sido utilizado por las empresas principales como un mecanismo para abaratar costos a costa de los trabajadores. Por lo que no se cumple lo planteado por la OIT para un proceso de Transición justa en cuanto a un proceso mediante diálogo social significativo que tenga como resultado el trabajo decente para todos y todas.

La Constitución: Elementos en debate

– Cuestionar el rol subsidiario del Estado y propiedad privada como derecho supremo 

– Constitución y modelo de desarrollo

– Constitución como marco de organización social en tiempos de múltiples crisis

– Necesidad de internalizar crisis climática, límites y desigualdades

– Constitución que des mercantilice, que fortalezca lo público, lo común

– Frente a la lógica estado privado privilegiar las comunidades, la democratización y la descentralización.

Finalmente ¿Transición Justa en Chile? Aun NO.

Bibliografía:

 Central Sindical de las Américas https://csa-csi.org/. https://csa-csi.org/2022/11/04/cop-27-posicionamiento-del-movimiento-sindical-de-las-americas-frente-a-la-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico/